Vecinos sufragan el realojo de 4 sin techo ante la falta de ayudas oficiales

Cuatro "sin techo" se han convertido en turistas accidentales en un hostal del Casco Vello, a donde han ido llegando desde hace un mes, al ritmo que la policía los ha desalojado de las casas en ruinas en donde habitaban. Hay más en otros puntos de la ciudad, pero todos tienen en común que han sido realojados gracias a la solidaridad privada. Están viviendo bajo techo sólo con financiación de personas anónimas, de las que ni conocen el nombre. La falta de ayudas oficiales o de camas públicas ha desatado la solidaridad privada. La declaración de ruinas de muchas viviendas en los últimos meses propició que la policía notificase de la orden de desalojo a los habitantes de infraviviendas, que se quedaron en la calle. Son personas con bajos recursos económicos -algunos cobran pagas inferiores a cuatrocientos euros- y con diversas problemáticas sociales.
El último desalojo se producía este fin de semana en una casa de la calle Real, donde varias personas fueron obligadas a marcharse de madrugada. "Aunque legalmente está justificado, desde el punto de vista humanitario, pedimos su realojo", asegura en representación del grupo "El Imán" Antón Bouzas. "Imaginamos que han sido expulsados siguiendo las instrucciones de un juez", soslaya, "pero algunos son muy jóvenes y otros mayores y están inseguros en la calle". El colectivo que representa pide para ellos un sistema de realojo inmediato por parte de la institución municipal. Aún así, entienden que la medida se toma para preservar la seguridad de las personas que habitan en edificios casi derruidos -cerca de un centenar- y a los de las viviendas próximas. Estos hechos constituyen, según recuerda Bouzas, una discriminación con respecto a otros colectivos como los gitanos: "Se da por sentado que a ellos se les realoja, pero a estos no".
El presidente de la Asociación vecinal Casco Vello, Henrique Macías, confirma que últimamente son frecuentes notificaciones de desalojo y tapiados de puertas y ventanas de viviendas. Esta medida afecta a inquilinos que pagan una pequeña renta en un edificio cuyo propietario se niega a pagar las reparaciones y fuerza el expediente de ruina.